Un bien o servicio que es no excluible (no se puede impedir fácilmente que otros lo utilicen) y no rival (el uso por una persona no reduce la disponibilidad para otras), que a menudo requiere provisión colectiva.

Principio

Dado que las empresas privadas no pueden excluir fácilmente a los que no pagan y el consumo de uno no impide el de otro, los mercados tienden a proveer insuficientemente los bienes públicos puros; la acción colectiva o la provisión pública corrigen esta falla.

Demostración

La defensa nacional protege a toda la población se haya pagado o no; la protección de una persona no reduce la de las demás y excluir a ciudadanos de esa protección es impráctico.

Aplicación incorrecta

Llamar bien público a servicios congestionados o parcialmente excluibles (como un parque abarrotado con control de acceso); confundir bienes públicos con programas públicos beneficiosos que, en la práctica, son excluibles o rivales.

Consecuencia

Los bienes públicos puros generan incentivos al polizón que hacen improbable la provisión privada voluntaria; los gobiernos u organizaciones colectivas suelen financiar o suministrar estos bienes para alcanzar la provisión socialmente óptima.

Inversión

Un bien privado es excluible y rival; los precios pueden coordinar la provisión para que el mercado privado entregue la cantidad eficiente sin intervención colectiva.

Límite

Se refiere a bienes públicos puros; muchos objetos reales son bienes públicos impuros (parcialmente excluibles o rivales) y requieren respuestas políticas distintas como tarificación, gestión de congestión o subvenciones.

Tensión semántica

Existe tensión entre no excluibilidad y no rivalidad en la práctica: las tecnologías (bienes digitales, cifrado) pueden cambiar la excluibilidad, y la rivalidad puede aparecer por congestión, difuminando la clasificación.

Síntesis

Un bien público se define por la no excluibilidad y la no rivalidad, lo que genera problemas de polizón y subprovisión por parte del mercado; determinar si un bien es puro o impuro orienta las herramientas de política (financiación pública, regulación, subvenciones o diseño institucional) para aproximar un resultado eficiente, reconociendo límites de medición y restricciones políticas.